TOLUCA, Méx. — El gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se encuentra bajo una severa crisis política y de credibilidad debido a la creciente violencia que azota a la entidad y a las graves acusaciones de infiltración criminal dentro de la Secretaría de Seguridad estatal.
En el centro del escándalo se sitúa el titular de la
dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien asumió el cargo el 18 de
junio de 2024. Su trayectoria arrastra señalamientos por presuntos vínculos con
facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con "Los Chapitos" y
operadores de Ismael "El Mayo" Zambada. Las alarmas aumentaron tras
la llegada de Castañeda, quien incorporó a su equipo de trabajo a un grupo de
mandos procedentes de Sinaloa para colocarlos en puestos clave de inteligencia
y operaciones. Entre estos funcionarios destacan Carlos Alberto Hernández
Leyva, subsecretario de la Policía Estatal; Víctor Antonio Cisneros Díaz,
titular de la Unidad de Información; y Jesús Astorga Ríos, director de
Operaciones del C5 en Ecatepec.
A nivel interno, la tensión institucional estalló en septiembre de 2025 tras
la captura de Alejandro Gimare Mendoza, alias “El Choko”, líder del grupo
criminal “La Chokiza”. Dicho arresto provocó una confrontación entre Castañeda
Camarillo y el entonces director de Investigación de la corporación, René
Terrón Escobar, por sospechas de protección oficial hacia la organización
delictiva. Tras el altercado, Terrón renunció a su puesto, dejando las áreas
sensibles de inteligencia bajo el control absoluto del grupo sinaloense, desde donde
se sospecha que se gestionan redes de protección y cobros millonarios a grupos
delictivos locales.
La designación y permanencia de Castañeda en la entidad
mexiquense ha sido cuestionada debido a sus antecedentes. Durante el operativo
federal de octubre de 2019 conocido como el "Culiacanazo", la policía
estatal de Sinaloa —entonces bajo su mando— fue excluida por desconfianza ante
una posible filtración criminal. Asimismo, su nombre figura en investigaciones
periodísticas sobre presuntos acuerdos con el narcotráfico en los comicios
sinaloenses de 2021.
La presión política sobre la administración estatal se
ha intensificado recientemente luego de que exfuncionarios contemporáneos a la
gestión de Castañeda en Sinaloa se entregaran de manera voluntaria a las
autoridades de Estados Unidos. En los círculos políticos y policiacos locales
crece la incertidumbre sobre la viabilidad de mantener a la actual cúpula
policial mientras la ciudadanía enfrenta extorsiones y violencia generalizada.
